Isabel Wancey/yacuibanoticias.com
Vecinos y familiares de presuntas víctimas de avasallamiento y desalojos de viviendas, presuntamente ejecutados mediante el uso de un Poder Notarial falso en Yacuiba, convocaron a una marcha de protesta para exigir la llegada del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, con el fin de que se transparenten e investiguen estos procesos.
La marcha está prevista para este viernes a horas 17:00, la concentración será en la Rotonda de los Libertadores y concluirá en las afueras del Palacio de Justicia.
«Estamos haciendo nosotros una invitación a toda la población de Yacuiba, área rural y urbana, vamos a hacer una marcha pidiendo justicia para que llegue el Presidente del Tribunal, Romer Saucedo, vamos a dar un tiempo prudencial para que llegue acá y haga las diferentes auditorías», refirió Edgar Urzagaste al momento de pedir justicia para las víctimas de desalojo y avasallamiento.
Uno de los afectados por el desalojo de su vivienda es Pablo Canaza, de 67 años, quien presuntamente fue víctima de un engaño por parte de sus familiares hace tres años atrás. Según la información disponible, estos habrían obtenido un préstamo hipotecando su inmueble. Debido al incumplimiento en el pago de la deuda, el prestamista acudió a la vía judicial, obtuvo un fallo favorable y finalmente se adjudicó la propiedad del inmueble. Desde entonces vive en las afueras del inmueble. Pide justicia y se le devuelva su casa.
Otro caso reciente de desalojo, se trata de una familia que fue desalojada de una vivienda el pasado 3 de junio en la ciudad de Yacuiba, en cumplimiento de una resolución judicial, quienes continúan viviendo hasta la fecha en las afueras del inmueble, ubicado sobre la calle Crevaux, frente al colegio Manuel Belgrano. Según el relato de la familia, habitó la vivienda durante 30 años en calidad de inquilina, durante ese tiempo habría asumido deudas contraídas por la propietaria, bajo el compromiso de que el inmueble sería vendido posteriormente a la familia.
Durante el desalojo, la familia afectada hizo conocer que por la vivienda pagaron un crédito hipotecario y además devolvieron montos económicos de antícresis a inquilinos, con la condición de que la dueña del inmueble le vendería la vivienda saldando los gastos ya erogados que asciende a más de 350.000 bolivianos; sin embargo, la dueña llegó a fallecer sin concluir la regularización de los documentos legales de transferencia a favor de Sonia Aruquipa, quien es la afectada; aprovechando esta situación, la hija lo vendió a otro acreedor con Poder Notarial presuntamente falso en un precio de 30.000 bolivianos.
Sonia a la fecha pide justicia y su proceso avance, puesto que por tercera vez su audiencia fue suspendida.